La violencia en Puerto Rico ha sido tradicionalmente interpretada desde enfoques reactivos que enfatizan el crimen, el narcotráfico o la violencia de género como fenómenos aislados. Sin embargo, un análisis contemporáneo exige comprenderla desde una perspectiva multidimensional que integre factores estructurales, históricos, económicos, de género, institucionales y vinculados al crimen organizado transnacional que existe en la isla.
Este escrito analiza el fenómeno de la violencia en Puerto Rico mediante un enfoque híbrido que combina rigor académico y el análisis de inteligencia aplicada. Se encontró que en Puerto Rico hay un patrón híbrido único: altas tasas de homicidios con armas de fuego, un patrón de violencia de género comparable al de países latinoamericanos con crisis de feminicidios, y dinámicas socioeconómicas y urbanas que replican las tendencias de marginación y violencia estructural observadas en el contexto americano. Además, se demuestra cómo la colonia, la austeridad fiscal, los desastres naturales y la expansión del narcotráfico regional han profundizado la fragilidad institucional, la inseguridad ciudadana y la violencia interpersonal.
1. Introducción:
La violencia en Puerto Rico constituye uno de los problemas más cotidianos, complejos y malinterpretados en el debate público local. Durante décadas, la discusión se ha fragmentado entre narrativas parciales, el crimen organizado, la violencia de género, la violencia juvenil o la crisis económica, que no logran capturar la totalidad del fenómeno.
Las cifras, sin embargo, son los datos: Puerto Rico registra consistentemente tasas de violencia letal superiores a las del territorio continental de Estados Unidos, con niveles que recuerdan los patrones más críticos del Caribe y América Latina (Forsberg et al., 2025; World Bank, 2024; UNODC, 2023). A esto se suma una crisis de feminicidios y violencia de género cuya visibilidad aumentó tras el Estado de Emergencia decretado en 2021, pero cuyos determinantes estructurales preceden con mucho a cualquier intervención gubernamental (ECLAC, 2023; Torres, 2024; D’Ignazio, 2022).
Como analista de inteligencia y académica en temas de violencia, crimen organizado y seguridad pública, he observado cómo los enfoques tradicionales resultan insuficientes para explicar la complejidad del fenómeno. La violencia en Puerto Rico no es solamente un tema de seguridad pública:
es un síntoma crítico de desigualdades estructurales, crisis institucional, flujos transnacionales de armas y drogas, desigualdad de género, precariedad socioeconómica y vulnerabilidades amplificadas por desastres naturales, migración y políticas de austeridad.
2. Marcos Teóricos y Conceptuales
2.1 Violencia Estructural: Desigualdad, Colonialidad y Desastres
La violencia estructural es un concepto clave para interpretar el caso puertorriqueño. Galtung (1969) la define como la forma de violencia que se produce cuando estructuras sociales, políticas y económicas impiden el bienestar o la seguridad de los individuos. En Puerto Rico, esta violencia estructural se manifiesta en varias capas: desigualdad económica, brechas de género, precariedad laboral, pobreza infantil, segregación urbana, y una prolongada relación colonial con Estados Unidos que limita la autonomía política y fiscal. Coss (2020) documenta cómo la vulnerabilidad estructural previa al Huracán María se exacerbó en la etapa de recuperación, profundizando inequidades que luego se reflejan en tasas desproporcionadas de violencia interpersonal, especialmente contra mujeres y poblaciones marginadas. Otros autores se refieren a esto como necropolítica colonial (Torres, 2024), concepto que expresa cómo ciertas vidas son sistemáticamente expuestas a la muerte o violencia bajo regímenes coloniales.
2.2 Violencia de Género y Feminicidio
El feminicidio; el asesinato de mujeres por razones de género, ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una crisis reconocida tanto local como internacionalmente. ECLAC (2023) posiciona a Puerto Rico entre las jurisdicciones con tasas más altas de feminicidio en la región del Caribe y América Latina. La producción de “contra-datos” por colectivos feministas (D’Ignazio, 2022; Observatorio de Equidad de Género) evidencia la falta de datos oficiales robustos, y revela patrones de violencia patriarcal integrados a dinámicas institucionales de impunidad.
2.3 Violencia Armada
La violencia letal en Puerto Rico tiene una característica distintiva: un uso extremadamente elevado de armas de fuego. Según Giffords Law Center (2022) y Forsberg et al. (2025), más del 93% de los homicidios en Puerto Rico involucran armas de fuego, cifra superior incluso a la de muchos países del Caribe. Esta condición coloca a Puerto Rico en un punto crítico donde el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos, el acceso informal y la presencia de mercados ilícitos contribuyen a la letalidad de la violencia.
2.4 Violencia entre Jóvenes y Gangas
Los jóvenes en Puerto Rico no puede desligarse de factores socioeconómicos: pobreza, desempleo, abandono escolar y falta de oportunidades (Colón-De Martí et al., 2013). Estudios sistemáticos (Higginson et al., 2018) muestran cómo la pertenencia a las gangas surge como respuesta a contextos urbanos degradados, exclusión social y falta de expectativas de movilidad.
3. Panorama actual de la violencia en Puerto Rico
3.1 Homicidios y Muertes Violentas: La Tendencia
El PRVDRS (2021) reporta una tasa bruta de muertes violentas de 27 por cada 100,000 habitantes. En años recientes, las tasas de homicidios fluctuaron entre 16.8 y 21.9 por cada 100,000, muy por encima del promedio de Estados Unidos continental (5.3–7.4) según el FBI y CDC. Esto implica que el riesgo de morir como resultado de violencia en Puerto Rico es consistentemente entre 2.5 y 4 veces mayor que en la mayoría de los estados de EE. UU.
3.2 Armas de Fuego, la herramienta favorita
Los datos de CDC y Giffords (2022) muestran que Puerto Rico tiene una de las proporciones más altas de homicidios con armas de fuego en todo el hemisferio. Este indicador por sí solo vincula el fenómeno local con dinámicas regionales del Caribe, donde la letalidad es elevada y se vincula con mercados ilícitos, corrupción y tráfico ilícito transnacional.
3.3 El Feminicidio fuera de Control
El Estado de Emergencia por Violencia de Género (2021–2024) evidencia un reconocimiento institucional del problema. Sin embargo, ECLAC (2023) demuestra que Puerto Rico se mantiene entre las jurisdicciones caribeñas con tasas más altas de feminicidio. Esto se combina con los hallazgos de D’Ignazio (2022), quien documenta las dificultades de recopilar y clasificar feminicidios en contextos coloniales y patriarcales.
3.4 El Huracán y los Jóvenes
Los datos del Puerto Rico Health Sciences Journal (Colón-De Martí et al., 2013) siguen siendo relevantes: la violencia juvenil está profundamente ligada a pobreza, falta de recursos comunitarios, exposición a violencia doméstica y presencia de pandillas locales vinculadas a economías ilícitas. Nuevas tendencias refuerzan estos patrones, especialmente tras post-María y la emigración masiva.
4. Estructura de la Violencia Boricua
La violencia no puede entenderse sin examinar sus causas profundas. Aunque las expresiones inmediatas de violencia, homicidios, feminicidios, agresiones, robos, violencia doméstica, suelen ocupar la atención mediática, son los factores estructurales los que realmente moldean las condiciones bajo las cuales la violencia surge, se mantiene y se reproduce. En Puerto Rico, estos factores se entrelazan con la historia colonial, las desigualdades económicas, la precariedad institucional, los desastres naturales y la presencia persistente de economías ilícitas. A continuación, un análisis integrado de estos factores, articulado desde una perspectiva de inteligencia aplicada, entendiendo que la violencia es un sistema complejo que requiere marcos analíticos multidimensionales.
4.1 Estructura Desigual
4.1.a La Pobreza
Puerto Rico presenta una de las tasas de pobreza más altas de cualquier jurisdicción bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Según el U.S. Census Bureau y múltiples análisis socioeconómicos post-María, alrededor del 43–44% de la población vive bajo el nivel de pobreza, y la pobreza infantil supera el 55% en algunos municipios. La literatura ha demostrado consistentemente que la pobreza extrema y sostenida se correlaciona con mayores niveles de violencia interpersonal, crimen organizado, actividades ilícitas y victimización. En Puerto Rico, donde el acceso desigual a recursos esenciales salud, educación, empleo estable, vivienda segura está documentado ampliamente (Coss, 2020), esta precariedad actúa como un factor de riesgo transversal. No solo incrementa las probabilidades de que ciertos individuos participen en actividades ilícitas, sino que también expone a las comunidades más pobres a entornos inseguros, violencia doméstica y condiciones que favorecen la presencia de mercados ilegales.
4.1.b El Deterioro Institucional y la Falta de Austeridad
La imposición de la Junta de Control Fiscal bajo la Ley PROMESA (2016) ha tenido un impacto significativo en la capacidad del Estado para atender fenómenos de violencia. Los recortes presupuestarios en agencias de seguridad, educación, salud mental, programas de prevención y servicios sociales han debilitado la infraestructura que sostiene cualquier estrategia de reducción de violencia. Este deterioro institucional se observa en áreas como:
• Reducción de recursos en el Negociado de la Policía de Puerto Rico.
• Limitaciones crónicas en agencias de protección a víctimas.
• Congelación de plazas y recortes en personal especializado.
• Capacidad limitada para recopilar y analizar datos de criminalidad.
• Demoras en la implementación de estrategias de prevención basadas en evidencia.
Una institucionalidad debilitada no solo reduce la capacidad de prevenir violencia; también aumenta la sensación de impunidad y disminuye la confianza ciudadana.
4.2 La Eterna Colonia
4.2.a La Bendita Colonia
Diversas autoras y autores han analizado cómo la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos produce configuraciones de vulnerabilidad que tienen consecuencias directas sobre la violencia interpersonal y colectiva. Torres (2024) argumenta que esta relación genera condiciones necropolíticas en las cuales ciertas poblaciones particularmente mujeres, personas pobres y comunidades racializadas están más expuestas a la muerte, a la violencia y a la precariedad material. Bajo este marco teórico, la violencia no es únicamente un fenómeno interpersonal sino una manifestación del orden político-colonial, que produce desigualdad estructural, dependencia económica y fragilidad institucional.
El Huracán María (2017), los terremotos del sur (2020) y la pandemia del COVID-19 han funcionado como aceleradores de condiciones preexistentes. La literatura posdesastre demuestra que la violencia de género, la violencia doméstica, las agresiones sexuales y la violencia comunitaria aumentan significativamente después de eventos catastróficos. En Puerto Rico, las fallas de respuesta institucional amplificaron esta vulnerabilidad (Gaba, 2022; Torres, 2024).
4.3 El Nodo Estratégico de lo Ilegal
La posición geográfica de Puerto Rico lo convierte en un punto intermedio para el tráfico de drogas entre Sudamérica, el Caribe y los Estados Unidos. Informes de inteligencia regional incluyendo análisis del IMF (2024) y reportes federales sostienen que el narcotráfico y las luchas por territorios de distribución están directamente relacionados con la violencia letal. Las dinámicas incluyen:
• Competencia por puntos de distribución (puntos).
• Ajustes de cuentas entre organizaciones locales.
• Participación de grupos híbridos (bandas locales conectadas con carteles externos).
• Conexiones con armas traficadas desde EE. UU.
La prevalencia de armas ilegales muchas de las cuales entran al país a través de rutas controladas por organizaciones criminales es un elemento clave. Giffords (2022) señala que la combinación de narcotráfico, trata de personas, corrupción y presencia de armas convierte la violencia en Puerto Rico en una de las más letales del hemisferio, pese a la población relativamente pequeña de la isla.
Las tasas de esclarecimiento de homicidios en Puerto Rico han fluctuado históricamente entre 25% y 40%, cifras muy por debajo del promedio estadounidense. Una baja capacidad investigativa y pericial favorece la continuidad de la violencia, ya que reduce los costos percibidos por los perpetradores.
Uno de los desafíos más persistentes es la falta de integración entre:
• Policía
• Ciencias forenses
• Tribunales
• Sistemas hospitalarios
• Agencias de servicios a víctimas
La ausencia de datos armonizados y accesibles limita la capacidad de diseñar políticas públicas basadas en evidencia. La confianza ciudadana en las instituciones de seguridad es un factor crucial para la prevención y reporte de violencia. Escándalos de corrupción, procesos disciplinarios incompletos y falta de seguimiento institucional contribuyen al retraimiento ciudadano y al subregistro de delitos.
5. Violencia de Género y Feminicidios
La violencia de género es uno de los componentes más persistentes y alarmantes del panorama de violencia en Puerto Rico. No solo constituye una manifestación directa del patriarcado y de las desigualdades estructurales, sino que opera como un termómetro social que revela la profundidad de las fallas institucionales, los silencios históricos y las omisiones del Estado en la protección de las mujeres. En este sentido, el análisis de la violencia de género no puede ser reducido a estadísticas aisladas sobre feminicidios o casos de violencia doméstica. Implica entender cómo interactúan la desigualdad, la colonialidad, la cultura patriarcal, la impunidad sistemática, la precariedad económica y los desastres naturales.
5.1 La Crisis que Trasciende el Dato
Diversos informes internacionales han señalado que Puerto Rico mantiene una de las tasas más altas de feminicidio en el Caribe y América Latina. Según ECLAC (2023), la isla registra niveles comparables a países como República Dominicana, Trinidad y Tobago y Honduras, jurisdicciones donde la violencia de género se ha reconocido como crisis nacional. Para dimensionar el problema, es importante destacar tres observaciones clave desde la perspectiva de inteligencia aplicada:
1. Los datos oficiales subestiman la incidencia real. Las categorías oficiales del Estado muchas veces no clasifican adecuadamente los feminicidios. Esto ocurre por:
• Errores en la codificación forense.
• Ausencia de definiciones estandarizadas.
• Falta de protocolos interagenciales.
• Subregistro en escenas de crimen donde no se reconoce el móvil de género.
D’Ignazio (2022) y colectivos feministas han denunciado que esta subestimación se debe, en parte, a la incapacidad institucional de reconocer la violencia patriarcal como fenómeno estructural.
2. El “contradato”: una herramienta indispensable. En ausencia de datos oficiales confiables, organizaciones como el Observatorio de Equidad de Género han desarrollado metodologías de counterdata production (D’Ignazio, 2020, 2022). Estas metodologías permiten:
• Visibilizar casos que no aparecen en informes oficiales.
• Crear tipologías más precisas (feminicidio íntimo, no íntimo, transfeminicidio).
• Presionar políticas públicas y reformas legales.
• Identificar patrones geográficos y comportamentales.
3. La violencia de género no es un fenómeno aislado. El feminicidio opera dentro de un entramado más amplio:
• Violencia doméstica normalizada.
• Altos niveles de impunidad.
• Políticas reactivas en lugar de preventivas.
• Falta de apoyo económico y psicológico a sobrevivientes.
• Cultura judicial que reproduce estereotipos de género.
Estos elementos revelan que la violencia de género en Puerto Rico no es producto de “casos aislados”, sino un reflejo profundo de desigualdades históricas.
5.2 Violencia de Control
La violencia de género no se limita a los feminicidios. La violencia doméstica, la coerción y el control económico y emocional son parte de un continuum de agresiones que rara vez se reconocen en estadísticas policiales. Informes de salud y servicios a víctimas muestran patrones claros:
• Incremento de llamadas de emergencia tras desastres naturales.
• Alta reincidencia de agresores.
• Falta de acceso a refugios suficientes.
• Margen limitado de autonomía económica para sobrevivientes.
La violencia de género se articula como un fenómeno cotidiano, que se incrementa en contextos de estrés social, crisis económica y pérdida de empleos.
5.3 La Respuesta Institucional: Un paso pa alante y otro para atrás
La declaración del Estado de Emergencia por Violencia de Género en 2021 representa un avance en la visibilización del problema. Sin embargo, múltiples análisis (Martínez, 2022; Torres, 2024) identifican fallas persistentes:
• Falta de coordinación entre agencias.
• Presupuestos insuficientes para albergues y servicios esenciales.
• Ausencia de métricas claras para evaluar políticas implementadas.
• Déficit en formación profesional sobre trauma y violencia de género.
Estas limitaciones revelan que, mientras el lenguaje político ha evolucionado, la infraestructura institucional para responder sigue rezagada. Torres (2024) analiza la violencia de género bajo la lente de la “necropolítica colonial”, un concepto que permite entender por qué ciertos cuerpos principalmente mujeres pobres, negras, migrantes y trans están más expuestos a la violencia y a la falta de protección estatal. En Puerto Rico, esta vulnerabilidad se intensifica debido a:
• Recortes fiscales impuestos por organismos externos.
• Dependencia económica estructural.
• Sistemas judiciales sobrecargados.
• Fallas sistémicas de seguridad y justicia.
La colonialidad, por tanto, no solo afecta la macroeconomía o la gobernanza: modula quién tiene derecho a vivir en seguridad y quién queda expuesto a la violencia.
6. Los Chamaquitos que se viven la película
La violencia juvenil en Puerto Rico es un fenómeno complejo con raíces profundas en desigualdad estructural, abandono escolar, violencia comunitaria y presencia de economías ilícitas. Lejos de ser un tema circunscrito a la “delincuencia juvenil”, este fenómeno revela cómo las y los jóvenes son, simultáneamente:
• Víctimas y perpetradores.
• Rehenes de estructuras criminales.
• Habitantes de espacios donde el Estado está ausente.
• Sujetos moldeados por entornos de trauma intergeneracional.
Los estudios de Colón-De Martí et al. (2013) y análisis comparados de Higginson et al. (2018) ofrecen evidencia consistente de que la violencia juvenil está correlacionada con:
• Pobreza extrema.
• Regiones con baja presencia policial en labores preventivas.
• Escuelas con recursos limitados.
• Comunidades con historial de violencia familiar.
• Falta de empleo juvenil.
• Modelos masculinos asociados a poder, armas y control territorial.
La violencia juvenil, por tanto, no puede explicarse sin el contexto.Desde la perspectiva de inteligencia criminal, las estructuras delictivas en Puerto Rico han evolucionado. El crimen organizado ya no se configura solamente como “gangas” locales, sino como redes híbridas:
• Grupos comunitarios que controlan microterritorios.
• Redes asociadas al narcotráfico internacional.
• Operaciones sofisticadas con armas de alto calibre.
• Sistemas paralelos de justicia informal en zonas marginadas.
Este nuevo ecosistema criminal genera una violencia más letal, impredecible y fragmentada. El acceso fácil a armas ilegales especialmente armas largas y armas modificadas incrementa la letalidad de los conflictos juveniles. Las armas operan como símbolo de estatus, protección y poder en comunidades donde el Estado no provee seguridad efectiva.
7. La Violencia Nuestra de Cada Día
Aquí es donde el análisis integrado cobra mayor relevancia. La violencia en Puerto Rico no responde a un solo patrón reconocido en la literatura criminológica. Por el contrario, combina elementos que suelen pertenecer a distintas tipologías regionales:
- Patrones Caribeños– Puerto Rico comparte con Jamaica, Trinidad y Tobago y República Dominicana niveles elevados de homicidios con armas.
- Patrones Latinoamericanos– feminicidios y violencia patriarcal estructural
- Patrones Americanos– segregación urbana, pobreza persistente, desigualdad racial y debilitamiento institucional. Las lógicas urbanas de violencia se asemejan a las de ciudades estadounidenses como Baltimore o New Orleans.
La violencia en Puerto Rico es un fenómeno complejo que no puede ser comprendido únicamente desde la óptica policial o criminalística tradicional. Es un sistema interdependiente en el que confluyen:
• Desigualdad estructural
• Colonialidad y necropolítica
• Debilitamiento institucional
• Narcotráfico y armas ilegales
• Violencia de género
• Violencia juvenil
• Trauma colectivo postdesastres
Comprender el carácter híbrido permite diseñar respuestas más efectivas, basadas en evidencia y articuladas desde múltiples disciplinas. Recomendaciones estragecias desde el punto de vista del “policy” y del analisis de inteligencia criminal:
- Crear un observatorio público y accesible para medir la violencia en la isla basado en metodologia cientifica.
- Fortalecimiento de las unidades investigativas con destrezas y contenido de aprendizaje basado en un enfoque menos punitivo y alineado a las necesidades actuales de la isla.
- Prevencion Comunitaria y del 3er sector.
- Reforma de los procesos juridicos e investigativos para el aumento de esclarecimientos de casos y disminución del porciento de impunidad.
La discusión pública sobre la violencia en Puerto Rico requiere voces capaces de integrar datos empíricos, marcos teóricos sólidos y experiencia directa en el análisis de amenazas, criminalidad y dinámicas sociales. Mi acercamiento a este tema se fundamenta en una premisa central: la violencia debe ser comprendida, analizada y transformada desde metodologías integradas y no desde compartimentos estancos. A diferencia de enfoques tradicionales que fragmentan la violencia en categorías desconectadas homicidios, narcotráfico, violencia de género, violencia juvenil, desastres, pobreza, crimen organizado mi análisis parte de reconocer que la violencia es un sistema, y que ese sistema se sostiene mediante estructuras históricas, dinámicas socioeconómicas, vulnerabilidades institucionales y relaciones de poder profundamente arraigadas. Por ello, mi contribución se centra en construir análisis que:
Integran inteligencia criminal, análisis estratégico y metodologías académicas
Mi formación y mi práctica profesional combinan:
• Enfoques de análisis de inteligencia basados en evidencia,
• Metodologías criminológicas,
• Análisis estructural y geopolítico,
• Herramientas de evaluación de riesgo adaptadas al contexto caribeño.
Con este enfoque, busco trascender la descripción de los hechos violentos para ofrecer análisis capaces de:
• Explicar patrones,
• Revelar causas profundas,
• Identificar dinámicas invisibles,
• Proponer estrategias aplicables por el Estado, academia y sector privado.
Mi trabajo, tanto en el ámbito académico como en el profesional, aspira a contribuir al diseño de:
• Políticas públicas más eficaces,
• Modelos preventivos basados en evidencia,
• Estrategias de inteligencia colaborativa,
• Análisis regionales que reconozcan a Puerto Rico como parte de un sistema criminal transnacional caribeño.
Este artículo busca aportar a una discusión imprescindible: cómo comprender la violencia de Puerto Rico desde un paradigma más riguroso, ético, interdisciplinario y contemporáneo.
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***imagen: ABC News